El hecho de que las personas vivamos en sociedad implica un permanente contacto con nuestros pares. Para que esta convivencia sea posible, es necesario establecer ciertas normas que regulen el comportamiento individual y colectivo, las reglas del juego de la convivencia ciudadana. Por una parte, existen las obligaciones que tiene el individuo hacia la comunidad y, por otra, la comunidad garantiza a los individuos ciertos derechos que les permiten vivir respetando su libertad. Hay una relación entre lo individual y lo social que se manifiesta en los llamados derechos y deberes ciudadanos. La ciudadanía es el hilo común que vincula a todas las personas de un país, unida no por raza o religión, sino por los valores compartidos de libertad e igualdad, que se traducen en derechos.
La ciudadanía concede unos beneficios y requiere igualmente de unas obligaciones. Veamos algunos de esos derechos y responsabilidades que cualquier ciudadano/a debe ejercitar y respetar. Algunas de estas responsabilidades se requieren legalmente y otras son responsabilidades éticas, pero todas son importantes para garantizar una comunidad libre y próspera.
Derechos
- Libertad de expresión.
- Libertad de religión.
- Derecho de ser juzgado pública y expeditamente por un jurado imparcial.
- Derecho a la sanidad
- Derecho al trabajo.
- Derecho a sufragio.
- Derecho a optar a cargos de elección popular y otros que la Constitución confiera.
Entre otros…
Responsabilidades
- Apoyar y defender la Constitución.
- Permanecer informado de las cuestiones que afectan a su comunidad.
- Participar en el proceso democrático.
- Respetar y obedecer a las leyes estatales y locales.
- Respetar los derechos, creencias y opiniones de las demás personas.
- Participar en su comunidad local.
- Perseguir los ideales de la Constitución, que incluyen "la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad".
- Pagar la renta, los impuestos federales, locales y estatales de manera honesta y siempre a tiempo.
- Servir en un jurado cuando se le solicite.
La participación ciudadana es un derecho humano fundamental. El derecho a la participación se encuentra recogido en los principales acuerdos, declaraciones y pactos del derecho internacional. Desde este punto de vista, las diferentes instituciones están obligadas a favorecer el acceso y asegurar la intervención de la sociedad en los asuntos públicos y tomar decisiones, así como garantizar procesos justos y efectivos de transparencia y rendición de cuentas.