El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, regulan los derechos de las personas afectadas ante un tratamiento de sus datos, especificando que, como titulares de los mismos, pueden ejercitar ante el Ayuntamiento de Arona los derechos de acceso, rectificación, supresión ("derecho al olvido"), oposición y limitación al tratamiento.

¿En qué consisten los derechos de las personas afectadas?

Derecho de acceso

La persona afectada tiene derecho a ser informada de:

• Los fines del tratamiento, categorías de datos personales que se traten y de las posibles comunicaciones de datos y sus destinatarios.
• De ser posible, el plazo de conservación de tus datos. De no serlo, los criterios para determinar este plazo.
• Del derecho a solicitar la rectificación o supresión de los datos, la limitación al tratamiento, u oponerse al mismo.
• Del derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
• Obtener una copia de los datos objeto del tratamiento.
• Si se produce una transferencia internacional de datos, recibir información de las garantías adecuadas.
• De la existencia de decisiones automatizadas (incluyendo perfiles), la lógica aplicada y consecuencias de este tratamiento.

Debe distinguirse del derecho de acceso de los interesados a los expedientes administrativos que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como del derecho de acceso regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Derecho de rectificación

La persona afectada tiene derecho a rectificar los datos inexactos, y a que se completen los datos personales incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.

Derecho de supresión ("Derecho al olvido")

Con su ejercicio la persona afectada puede solicitar la supresión de los datos personales sin dilación debida cuando concurra alguno de los supuestos contemplados en la normativa de aplicación. Por ejemplo, tratamiento ilícito de datos, o cuando haya desaparecido la finalidad que motivó el tratamiento o recogida.

No obstante, se regulan una serie de excepciones en las que no procederá este derecho. Por ejemplo, cuando deba prevalecer el derecho a la libertad de expresión e información.

Derecho a la limitación del tratamiento

Permite a persona afectada:

• Solicitar al responsable que suspenda el tratamiento de datos cuando:
  • Se impugne la exactitud de los datos, mientras se verifica dicha exactitud por el responsable.
  • El afectado ha ejercitado su derecho de oposición al tratamiento de datos, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre el afectado.
• Solicitar al responsable que conserve sus datos personales cuando:
  • El tratamiento de datos sea ilícito y el afectado se oponga a la supresión de sus datos y solicite en su lugar la limitación de su uso.
  • El responsable ya no necesita los datos para los fines del tratamiento pero el afectado si los necesite para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.

Derecho de portabilidad

La persona interesada tendrá derecho a recibir los datos personales le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento en un formato estructurado, y transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o en un contrato, y se efectúe por medios automáticos.

Tendrá derecho así mismo, a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.

Derecho de oposición

La persona afectada puede oponerse al tratamiento:

• Cuando por motivos relacionados con su situación personal, debe cesar el tratamiento de tus datos salvo que se acredite un interés legítimo, o sea necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
• Cuando el tratamiento tenga por objeto la mercadotecnia directa.