Resulta para mí un privilegio que se me encomiende la tarea de hacer una breve semblanza sobre los orígenes de Arona como entidad municipal y sobre el devenir histórico que le ha caracterizado, particularmente, en un año en el que se conmemora la provisión dada por la Audiencia de Canarias, autorizando la elección de los primeros cargos públicos de Arona, quienes asumieron sus funciones en 1799. Han transcurrido más de 200 años desde que se sentaron las bases de esta municipalidad. Quisiera recordar en estas páginas algunos de los momentos que le ha tocado vivir a nuestro municipio y a sus moradores.

El sur de Tenerife va a mantener durante siglos un papel secundario en el desarrollo y consolidación de una sociedad nacida tras las operaciones de conquista y colonización siguientes. Ello es debido a las difíciles condiciones físicas con las que tendrán que enfrentarse los nuevos pobladores; la aridez del medio y la dureza de las condiciones de vida van a determinar un lento proceso de ocupación del territorio, siendo mucho más activo en aquellos lugares favorecidos por la naturaleza con recursos hídricos que harán posible una explotación agrícola rentable.

Lógicamente irán creciendo lugares como Vilaflor y Adeje, donde los acuíferos existentes permitirán un desarrollo de los cultivos de regadío y de un cultivo comercial como la caña de azúcar. No obstante, la acumulación de propiedades por parte de una elite minoritaria va a determinar el asentamiento paulatino de un abundante número de campesinos en las cotas más bajas, bien como propietarios libres o simplemente como enfiteutas de los principales terratenientes. Los inconvenientes derivados de la escasez hídrica se verán compensados por unas tierras fértiles que permitirán, en caso de no faltar las lluvias, importantes cosechas que favorecerán el desarrollo de pagos (pueblos) como los de Granadilla, Arico y más tarde Arona y San Miguel.

En el siglo XVIII las reformas administrativas introducidas por Carlos III van a permitir la creación en todos los municipios de los cargos de diputados del común y síndico personero, que se encargaban de los abastos y de velar por los intereses públicos, respectivamente. Estas transformaciones serán entendidas por unos como una mera reforma sin cambios y por otros como la causa que provocó la ruptura del monopolio ejercido por los poderosos. En Canarias esta legislación va a suponer el establecimiento de dichos oficios en los lugares que habían adquirido una relativa relevancia, desarrollando su labor junto a un alcalde real o pedáneo y un fiel de fechos (secretario municipal).

Los grupos más dinámicos de Arona irán tomando conciencia de sus posibilidades, comenzando a ver como un objetivo la consecución de una entidad administrativa que les permitirá aumentar su protagonismo social en una primitiva comunidad rural. El primer paso irá encaminado a obtener la separación de la iglesia matriz que estaba en Vilaflor y para ello se comprometerán a dotar de recursos suficientes al templo erigido en honor de San Antonio Abad en Arona. Entre los artífices de este proceso estaban Bartolomé Agustín de Sarabia, José Antonio Sarabia, Pedro Betancurt, Juan de Frías Bello y Tomás de Aponte, entre otros. Formaban parte del grupo más activo e influyente del lugar. El auto dado por el obispo Tavira el 30 de marzo de 1796 va a hacer realidad el deseo de unos vecinos que con muchos esfuerzos querían reedificar el templo que bajo la advocación de San Antonio Abad se había erigido en parroquia. Paralela a la creación de la nueva iglesia será la adscripción de una jurisdicción a la misma, comprendiéndose ésta entre los linderos siguientes:

Por el Este: desde la Degollada del Roque de Jama, siguiendo línea recta a la Degollada y Cruz de Oropesa, descendiendo hasta la falda del poniente de la Montaña Pelada o Amarilla, situada junto al mar.

Por el Oeste: Barranco del Rey, que separa la jurisdicción de Adeje de la de Arona.

Por el Norte: del Saltadero de Las Palomas en Barranco del Rey, recto hasta Las Cruces de Altavista, siguiendo a la casa de los herederos de Diego García de Acevedo en La Hondura hasta dar con lo que se conoce como Los Cantillos y bajando hasta llegar a la Degollada del Roque de Jama.

Llama la atención el derecho que se le reserva a Valle San Lorenzo (antiguamente Valle del Ahijadero) para que pudiese, cuando los recursos lo permitiesen, erigir en parroquia la antigua ermita de San Lorenzo, lo que podríamos entender como un reconocimiento a la antigüedad e importancia de este establecimiento religioso y a la ofensa que representaría para su vecindario no considerar su futura segregación de Arona.

La creación de parroquias, la adscripción de una jurisdicción sobre la que actuar, parecen convertirse en el motor de arranque hacia miras más ambiciosas, señalando la lejanía de Vilaflor, la incapacidad de las justicias para alcanzar con eficacia al lugar de Arona y la importancia que había ido adquiriendo el vecindario como razones suficientes para iniciar el proceso que culminaría con la providencia del Tribunal Superior de la Real Audiencia de Canarias de fecha 13 de marzo de 1798, que dará por separado el pueblo de Arona de la jurisdicción de Vilaflor, debiendo sus vecinos elegir para el año 1799 y sucesivos los cargos de alcalde pedáneo, dos diputados (el primer electo cesaría al finalizar el año, continuando el segundo durante el año siguiente, en unión del recién elegido), síndico personero y fiel de hechos.

A la elección debía concurrir el alcalde mayor de La Orotava, dando testimonio de las mismas un escribano público, quien se encargaría de comenzar el Libro Capitular del Pueblo. Conforme a lo establecido por la legislación de Carlos III, procedería la elección para las poblaciones de menos de 2.000 habitantes, caso de Arona, de dos diputados del común. El proceso electoral sería de segundo grado, iniciándose con el nombramiento de 24 comisarios electores, quienes a su vez elegirían los cargos públicos autorizados por la Audiencia. Efectivamente, el 17 de julio de 1798, el Licenciado Antonio Minovés y Servos, Abogado de los Reales Consejos y Alcalde Mayor de la Villa de la Orotava, ante el escribano Cristóbal Alvarez de Ledesma, ordenó el comienzo de la elección de los 24 comisarios electores, de cuyo proceso salieron electos los siguientes vecinos: el capitán Agustín Sánchez Betancourt, Gerónimo de Frías, Matías de Frías, José Sarabia, Angel de Frías, Domingo de Armas, Pedro Bethancourt, José Afonso, Tomás de Aponte, Pedro de Frías, Cristóbal de Alayón, Lázaro de Frías, Fernando Domínguez, Miguel Risco, Blas de Alayón, Antonio Esteban, Antonio Lemus, Domingo Sierra, conocido como el indiano, Juan Bello Marrero, Lorenzo Sierra (Maior), Agustín García de Armas, Patricio García y Juan Manuel (Hernández). Estos comisarios eligieron, seguidamente, los cargos que habrían de regir en 1799, obteniéndose los siguientes resultados:

• Alcalde Real: Bartolomé Agustín Sarabia.
• Diputado Primero: Domingo de Armas.
• Diputado Segundo: Domingo de la Sierra Xabriel (el indiano).
• Síndico Personero: Matías de Frías.
• Fiel de Fechos: Lorenzo Antonio Sierra.

Comenzó así el proceso político que en estas fechas se conmemora. Pero el camino no fue fácil. La nueva jurisdicción nacía con limitaciones. No se resolvía el problema de los pastos del común, el derecho que a los montes pudiera corresponder a los nuevos pueblos segregados - San Miguel y Arona -, disponiéndose que el pósito (almacén de provisiones) se mantuviese bajo la jurisdicción de Vilaflor, hasta que el Consejo de la isla determinase otra cosa.

El tiempo histórico que marca el surgimiento de Arona como entidad separada de Vilaflor resulta extremadamente complejo, pues el reinado de Carlos IV vivirá en la contradicción pues se mantenían los principios absolutistas en una época marcada por el ideario liberal-burgués procedente de la Francia revolucionaria. Así parecen obsoletos criterios como los establecidos en la legislación de Carlos III para la elección y funciones de los nuevos cargos públicos, al establecer que podrían recaer en nobles y plebeyos, pero sirviendo a cada uno en su clase, distinción y mérito, disposiciones que en el reinado de Carlos IV parecen chocar con los principios de igualdad que desde ciertos grupos se propugnan y que son consecuencia directa de la extensión de los programas revolucionarios franceses.

La guerra de Independencia y el proceso revolucionario que le sigue propician una nueva organización, proponiendo de esta forma los Liberales una nueva división municipal y provincial del país. A raíz de la Constitución de Cádiz de 1812 se formaron los distintos municipios sobre las jurisdicciones parroquiales y en base a las antiguas juntas, también denominadas Ayuntamientos. El nuevo marco legislativo que ofrece la constitución de 1812 junto con el decreto de las Cortes de Cádiz de 23 de mayo del mismo año, dará lugar en Arona a la elección, el 13 de septiembre de 1812, de nueve comisarios electores, quienes a su vez elegirían a los dos regidores que correspondían al lugar, según el artículo 49 de dicho texto legal.

Los días 13 y 25 de diciembre de 1812 se procedió a la verificación de elecciones conforme a lo establecido por la Constitución gaditana. Pero, tanto las diputaciones como los ayuntamientos constitucionales dejaron de funcionar por Real Decreto de 30 de julio de 1814, para ser restablecidos el 30 de marzo de 1820, y cesado nuevamente el 16 de octubre de 1823, lo que lógicamente se verifica en Arona, con la dilación que impone la llegada de las nuevas disposiciones al lugar. Así el 9 de octubre de 1814 se pone en posesión a los electos del año 1808, el 4 de junio de 1820 se nombra el nuevo Ayuntamiento Constitucional, y el 22 de noviembre de 1823 se restablece el Ayuntamiento del año 1820. La inestabilidad política del reinado de Fernando VII, se verá reflejada a niveles municipales, los procesos de represión que se llevaron a cabo durante el reinado del tristemente "Deseado", pueden percibiese en Arona a través de la memoria presentada por parte de Gonzalo Espínola al Ayuntamiento en 1824, para que se informase de los cargos de los que había ostentado y la conducta que había mantenido en esos años. El Ayuntamiento, en este caso, no dudará en calificar favorablemente la actitud del citado Espínola, confirmando la fidelidad y respeto que había mostrado hacia el monarca.

Durante el resto del siglo Arona habrá de afrontar, al igual que el resto de los municipios, los cambios de gobierno que periódicamente se producen en el país. La existencia de tendencias moderadas y progresistas, junto a la aparición de nuevos partidos va a ir complicando el panorama político. Lamentablemente, la pérdida o deterioro sufridos por la documentación municipal dificulta extraordinariamente para poder dar una visión general de lo que ha sido la evolución política de Arona, limitándonos en algunos casos a tener que hacer anotaciones puntuales de los avatares que ha sufrido la municipalidad, como por ejemplo el cese de los ediles que regían en 1854 para ser sustituidos por los que habían gobernado en 1843, es decir, en la última etapa progresista.

El sistema de participación política que existió en la mayor parte del siglo XIX fue claramente restrictivo, pues el sufragio censatario excluía a la gran masa de población al representar particularmente los intereses de los sectores más acomodados. A manera de ejemplo podemos citar las elecciones de Diputados a Cortes y Diputados Provinciales de 1862, en las que el número de electores ascendía a un total de 12, de los cuales uno lo era por capacidad y el resto por su calidad de contribuyentes, ello quiere decir que la proporción de votantes era de uno por cada 170 habitantes. En las elecciones municipales la proporción era mayor, pero también claramente discriminatoria, o sea, el número de electores ascendía a un total de 101, con una proporción de uno por cada 20 habitantes. Además, la cifra de elegibles se veía aún más reducida alcanzando sólo a 67 personas que serían las que podrían acceder a los cargos de concejales.

Tras el derrocamiento de Isabel II la vida política parece estimularse, la conflictividad late en el ambiente y la confección de las listas electorales se convierte en un tema transcendental. La implantación del sufragio universal durante el sexenio revolucionario deja entrever una cuestión que se convertirá décadas más tarde en un problema nacional, nos referimos a la manipulación electoral, que practicada desde los inicios de la Restauración se ejercerá, de forma sistemática, a partir de la implantación, de nuevo, del sufragio universal con un gobierno Sagasta.

En esta época los sufragios se realizaban bien en los locales de la escuela de instrucción pública situada en la calle Nueva (Actual Domínguez Alfonso) o en las Casas Consistoriales, discutiéndose por los ediles, en 1872, los inconvenientes de realizar las elecciones en dichos lugares, y en concreto en el Ayuntamiento por compartir éste sus instalaciones con el juzgado, lo que podría dificultar la celebración de las votaciones.

Pero las condiciones económicas en las que las sucesivas corporaciones desempeñaron sus funciones no debieron ser, en general, muy halagüeñas, teniendo en cuenta la pobreza del medio, la escasez de las lluvias y la irregularidad de las cosechas. La agricultura de subsistencia con unos beneficios muy reducidos parece dar paso a un ciclo económico marcado por un cultivo de exportación que se va a extender por la orografía sureña rápidamente. Pero esta expansión económica no llega a sacar al sur de su tradicional postración. El sueño dura poco, las anilinas químicas desplazarán en los mercados internacionales a la cochinilla.

El sur de la isla y Arona en particular presentarán escritos lamentándose del estado aflictivo en que viven sus pobladores, lo que se traducirá en una insolvencia casi total de las corporaciones públicas que rigen los destinos municipales. En la década de los 80 varias corporaciones manifestarán tener intervenidos sus fondos, ello hacía prácticamente imposible las tareas de gobierno, hasta el punto de llegar el Ayuntamiento en 1893 a solicitar del Gobierno Civil la aceptación de la dimisión que dicha Corporación había presentado. Los descubiertos que tenía la municipalidad llevaron incluso a que se decretase el embargo de los bienes de los concejales, por lo que la participación en las tareas de gobierno dejaba de ser ambicionada, pues lejos de convertirse en una fórmula de acumulación de poder, se transformaban en una pesada carga al tener que contribuir con su peculio particular a los gastos generados por la municipalidad. El caótico estado de la Administración del término municipal determinó la disolución del Ayuntamiento, un vacío político-administrativo que se mantendrá durante los años 1894-95 y parte del 96. En este último año, el 26 de febrero, se nombró por el Gobierno Civil un Ayuntamiento interino que permaneció hasta la celebración de elecciones en el mes de marzo, constituyéndose en el mes de abril el Ayuntamiento definitivo. La nueva Corporación va a tener que enfrentarse a múltiples problemas: débitos de contribuyentes por territorial correspondiente a los años 1888-95, rendición de cuentas a la Comisión Provincial de los años 1886-95, etc. La ardua tarea que esperaba a los nuevos ediles hace que los electos en el momento de asumir sus cargos traten de liberarse de toda clase de responsabilidad por actuaciones de corporaciones anteriores.

Para conseguir una mayor organización y eficacia en los procesos electorales se realizaron según las fechas varias divisiones del municipio, así en los comicios que se celebraron en 1870 en el contexto del denominado sexenio revolucionario para diputados a Cortes, Provinciales y Municipales se dividió a la población de Arona en dos distritos: 1) Parte del Poniente: casco del pueblo y pagos de La Hondura, Altavista, Casitas, Casas, Vento, Sabinita, Cabo Blanco y Los Cristianos, un colegio electoral. 2) Parte del Naciente, con dos colegios electorales: a) Al Norte, compuesto por los pagos de Tunes, la Fuente, Barranco, Almácigo, Chindia, Tosca y Llano Mora; b) Al Sur, por los pagos de Beña, La Tosca, El Cabo, Malpéis y Buzanada.

Durante la Restauración Borbónica (1881) se vuelve a señalar un solo colegio electoral, situado en la calle Nueva, lo que coincide con el restablecimiento del sufragio censatario, tras la breve experiencia del sufragio universal en el sexenio revolucionario.

En 1890, se señalan de nuevo dos distritos electorales, uno en el Norte y otro para el Sur separados por la vía pública que conducía de naciente al poniente, conocida por Vento, calle El Calvario, Tunes, Beña, El Pino y Chindia a partir a las Cruces de Aldea. Como colegio único se fija la Casa Consistorial. Esta nueva división en distritos coincide con la celebración en 1891 de elecciones para el relevo de la mitad del Ayuntamiento, más una vacante que había surgido, mediante el sistema de sufragio universal, restablecido en 1890.

Con respecto a las instalaciones con que contaba la municipalidad hay que hacer, de nuevo, referencia a que la misma sala se utilizaba también por el juzgado, pero sin embargo se disponía de otras piezas y de un sitio de nopales contiguo, pidiéndose en 1874 al secretario saliente Domingo Barroso Frías rindiese las cuentas correspondientes, pues por acuerdo de 26 de junio de 1870 llevaba alquiladas las piezas sobrantes y el mencionado sitio. En el mes de julio se decidió por la Corporación sacar a subasta los tres cuartos que tenía el Ayuntamiento deshabitados, y ante la ausencia de licitadores se acuerda arrendarlos a José Perera Hernández a razón de 5 pesos corrientes, unas 18 pesetas con 75 céntimos (unos 11 céntimos de los actuales Euros).

Los destinos del Municipio han estado regidos durante la mayor parte del siglo XX por los grupos oligárquicos, en especial los de la tierra: Los Domínguez, Frías, Villarreal, O'Donnell, Bello, etc., en cuyas manos se concentraba el poder económico y por consiguiente el político. Su prepotencia no ha sido cuestionada en la primera mitad de siglo, a excepción del periodo republicano, cuando las clases populares llegan a protagonizar incidentes como huelgas, amenazas y manifestaciones, pero que tuvieron más significado económico que ideológico, como lo demuestra la manifestación realizada por más de 300 vecinos ante el Ayuntamiento en 1936, para protestar contra la miseria, escasez de trabajo, ruina agrícola, industrial y comercial. Los grupos dirigentes asumieron esta protesta, viendo como solución para paliar el problema del paro, la construcción de la carretera de Circunvalación y de una pista que uniese la Escalona (Vilaflor) con Arona. El sistema de acudir a la realización de obras públicas para paliar problemas de ruina generalizada había sido practicado por anteriores corporaciones, así en la crisis que afectó a Arona - al igual que a los pueblos limítrofes- como consecuencia de la caída de la cochinilla en los mercados internacionales, se recurrió por parte del Ayuntamiento, en 1877, a solicitar la construcción de la carretera de Güímar a Adeje, lo que al paso de proporcionar trabajo mejoraría las relaciones comerciales con otros puntos.

El Ayuntamiento durante la República estará dominado por los tradicionales grupos oligárquicos: Juan Bethencourt Frías en 1931, Miguel Bello Rodríguez en 1933 y Eugenio Domínguez en 1936. En este último año y durante el breve tiempo que va de marzo al alzamiento nacional en julio, se hacen cargo de la alcaldía Antonio Díaz García (maestro) y Nicolas Alvarez Hernández, que constituyen unas excepciones en el proceso tradicional de ocupación de cargos públicos. Con posterioridad a la Guerra Civil, y a medida que el régimen franquista se iba consolidando, el marco de reclutamiento para la elección de los cargos públicos se va ampliando, observándose como junto a los miembros de las antiguas clases dominantes aparecen representantes de otros grupos socio - profesionales ligados, con frecuencia, al sector servicios, como transportistas, comerciantes y empresarios vinculados a la zona costera en proceso de expansión turística a partir de los años 60, pudiendo citar, entre otros, Juan Reverón Sierra, Buenaventura Ordoñez Vellar, Eloy García García y, por supuesto, al último alcalde de la etapa franquista: José Morera Santana.

Tras la muerte de Franco, en 1975, la derecha tradicional que había gobernado el país, será desplazada paulatinamente, tanto a niveles nacionales como locales.

Las cámaras nacidas de las elecciones del 15 de junio de 1977, comenzaron la elaboración de un texto constitucional, que será aprobado el 31 de octubre de 1978 por un amplio acuerdo de las principales fuerzas políticas, sometido a referéndum del pueblo español el 6 de diciembre del citado año, la nueva Constitución será promulgada el día 27 del mismo mes. El proceso democrático que va a seguirse en España, partirá de esta carta magna y de la disolución de las Cortes constituyentes que darán paso a la convocatoria de nuevas elecciones generales, que debían celebrarse el 1 de marzo de 1979.

El 3 de abril de 1979, tendrán lugar las primeras elecciones municipales democráticas, que dieron en Arona un triunfo rotundo a la UCD. (coalición presidida a nivel nacional por Adolfo Suárez, el artífice de la transición), convirtiéndose su cabeza de lista, Luciano Reverón Reverón, en el primer alcalde democrático de Arona. No obstante, este grupo político deberá enfrentarse a varios problemas, unos de carácter interinos, como la dimisión presentada por el Alcalde, y que llevará al frente de la alcaldía temporalmente a inocencia Salazar Beltrán y durante el resto de la legislatura a Leocadio Toledo Tejera, y externos derivados del proceso de deterioro y acoso que sufría el Gobierno de la nación, unido todo ello a la disgregación que se experimenta en el seno de la coalición, lo que se traducirá en el plano nacional en una serie de acontecimientos, como la presentación de una moción de censura por parte del grupo mayoritario de la oposición, el PSOE, la dimisión de Adolfo Suárez, el nombramiento de Calvo Sotelo como nuevo Presidente de Gobierno, sin olvidar el golpe de Tejero que arremetía contra la débil democracia.

Las tareas de gobierno en el municipio, pese a la amplia mayoría con la que contaba el grupo de gobierno, fueron sobre todo en sus inicios bastante difíciles, pues la oposición formada por GIMA, URC y PSOE fue desde sus respectivos planteamientos bastante combativo.

La crisis que a nivel nacional sufre la UCD repercutirá a niveles locales en los siguientes sufragios, aumentando en Arona la representación de la izquierda. El Partido Socialista, favorecido por el triunfo a nivel nacional, verá aumentado considerablemente el número de concejales en las elecciones de 1983, y formando coalición con AP, PCC y ATI accederá a la alcaldía Manuel Barrios Rodríguez.

El PSOE en los sufragios de 1987 alcanzará la mayoría absoluta, con lo que gobernará sin acudir a alianzas postelectorales.

Los comicios de 1991 darán de nuevo el triunfo al Partido Socialista, pero no en mayoría absoluta lo que les obligará a realizar pacto de gobierno con los concejales electos del CDS (partido heredero de la extinta UCD) y el Partido Popular, manteniéndose en la oposición además de ICAN una nueva fuerza política que se presentará bajo las siglas de MEI.

Tras tres legislaturas de gobierno socialista, en las últimas elecciones locales celebradas en 1995, el proceso de desgaste que empieza a sufrir el PSOE, junto a los grandes escándalos nacionales en que se verán inmersos algunos cargos relevantes de su organización, influirá en el cambio del mapa político municipal. El Partido Socialista será desplazado del gobierno por una coalición de partidos -MEI (ATI), CDS, ICAN y PP, quienes tras un pacto postelectoral determinarán el reparto de la alcaldía en periodos de dos años. De esta forma, obtiene la Presidencia de la Corporación aronera en los dos primeros años Mario Spreáfico García, cabeza de lista del CDS, y durante los dos últimos años, asume la Alcaldía Miguel Delgado Díaz, como número uno del MEI.

De 1999 a 2003 es nuevamente reelegido como alcalde Miguel Delgado Díaz. Actualmente y hasta 2007 la alcaldía la preside don José Alberto González Reverón.

En definitiva, 200 años de historia avalan nuestra entidad, nos comprometen a salvaguardar un patrimonio que con entusiasmo y dificultades ha ido construyéndose por parte de un vecindario, la mayoría de veces anónimo, por lo que desde estas páginas, y ante la imposibilidad de referirnos a todos, les rendimos un homenaje que espero sea secundado por los que residiendo en nuestro Término reciben sus beneficios, y anhelan un futuro de desarrollo y consolidación para el mismo.